Nueva Política Nacional de la Niñez

"Compromiso del Estado Chileno con el Bienestar Integral de la Niñez y Adolescencia: Avances y Desafíos hacia 2032"

Considerando que las herramientas más eficaces que tiene el Estado para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes son, sin duda, la promulgación de leyes, el diseño e implementación de políticas públicas y la aplicación de la justicia. Sin embargo, estas medidas deben alinearse con los estándares de los tratados internacionales que Chile ha firmado. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y con el regreso de la democracia, nuestro país ha avanzado mucho en este sentido. Entre los hitos más importantes que destaco se encuentran: la erradicación del trabajo infantil; la ley de 1998 que asegura la igualdad de derechos para los hijos, sin importar si sus padres están casados o no; la ley de 2003 que garantiza 12 años de educación gratuita y obligatoria; la ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005; la creación del programa "Chile Crece Contigo" en 2007, que se enfoca en la primera infancia; la extensión del permiso postnatal a seis meses en 2011; y más recientemente, la creación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, mediante la ley 21.430 en 2022.

En el contexto de esta última ley, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene la responsabilidad de diseñar la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su correspondiente Plan de Acción para el período 2024-2032. Desde la Subsecretaría de la Niñez hemos asumido el liderazgo de este proceso, que finalmente fue aprobado por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez.

El propósito de esta política es claro: asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile puedan desarrollar todo su potencial y disfrutar de un bienestar integral. Este bienestar se entiende como la posibilidad de llevar una vida digna y plena en todas las áreas de su desarrollo. Para lograrlo, hemos definido acciones concretas que deben implementarse, cada una con plazos y responsables claramente establecidos.

Las áreas clave en las que se enfocan estas acciones incluyen: promover hábitos de vida saludables a través de una buena alimentación y la actividad física regular, con el objetivo de reducir el sobrepeso y la obesidad infantil; mejorar la salud mental de los niños y sus familias; asegurar condiciones medioambientales óptimas y acceso a viviendas adecuadas; fortalecer las trayectorias educativas para que los niños desarrollen las competencias necesarias y alcancen los aprendizajes esperados; ampliar los espacios públicos seguros y adecuados para su recreación; reducir la pobreza, tanto en términos de ingresos como de pobreza multidimensional, a través del acceso a programas de protección social; y fomentar entornos de cuidado positivo que favorezcan su desarrollo y bienestar. Además, buscamos eliminar todas las formas de violencia y reparar los daños que estas provocan, así como aumentar la participación efectiva de niños y adolescentes en el país, para que se involucren activamente en la ciudadanía y en la defensa de los valores democráticos.

Uno de los aspectos que más me enorgullece de este instrumento es su legitimidad, que ha sido fruto de un amplio proceso participativo. En su elaboración participaron 61 organismos públicos a nivel central, representantes de todas las regiones del país, 259 municipios y más de 1.400 niños, niñas y adolescentes de los Consejos Consultivos comunales, regionales y nacionales. También contribuyeron 62 organizaciones de la sociedad civil, 24 instituciones académicas y representantes de entidades clave como la Fiscalía Nacional, la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Defensoría de la Niñez. Además, recibimos el apoyo de 9 agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile.

En resumen, tanto la política como su plan de acción cuentan con el compromiso de todos los actores relevantes para su éxito, lo que le otorga la legitimidad necesaria para que el Estado de Chile pueda cumplir con su rol de garante de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país.